“Las exigencias cautelares de uno eran diferentes a la del otro. Por eso la distinción de las medidas cautelares”. Así explicó Rolando Rodríguez Cedeño, secretario general de la Procuraduría de la Nación –y actual procurador encargado, en ausencia de la titular Kenia Porcell– por qué a Cristóbal “Tobín” Salerno se le benefició con una medida cautelar de casa por cárcel, mientras que a Felipe “Pipo” Virzi se le dictó detención preventiva.
Ambos tiene 71 años de edad. La defensa de Virzi –que fue segundo vicepresidente en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999)- alega que la detención de su cliente es violatoria de las leyes, ya que se trata de un “adulto mayor”, que sufre de hipertensión y diabetes y no “opone ningún tipo de resistencia” a la investigación.
El Código Judicial, en su artículo 2129, señala que no se decretará la detención preventiva cuando el imputado haya cumplido los 65 años de edad, “ salvo que existan exigencias cautelares de excepcional relevancia”.
“No existe una selectividad”, indicó Rodríguez, a través de una nota de prensa de la Procuraduría.
“Recordemos que si la norma establece que no se debe detener a una persona arriba de 65 años de edad, esto no se enmarca en la regla exacta, sino que también la misma norma estable una excepción a estos casos”, agregó.
“Nosotros hemos tenido experiencias jurisdiccionales en donde se ha declarado legal la detención preventiva de personas arriba de los 65 años”, indicó.
En la aplicación de una medida cautelar influye, según Rodríguez, al grado de vinculación del imputado con el supuesto hecho delictivo, los medios de convicción y las conductas procesales.
Virzi es parte de la investigación que adelanta la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, derivados del contrato del fallido proyecto de riego de Tonosí a la sociedad Hidalgo & Hidalgo.
Salerno, por su parte, reconoció tener control de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA), cuyas operaciones y comisiones son investigadas por la fiscal cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo.
