«Las conversaciones siguen abiertas tratando de encontrar una solución», enfatizó Arosemena sobre las diferencias comerciales con Colombia, país que condicionó la eliminación del arancel del 10% a los textiles y calzados procedentes de la Zona Libre de Colón (ZLC), a la celebración de un arbitraje.

Arosemena explicó que a finales de la próxima semana se podrá conocer qué posición tiene Colombia pero que Panamá mantiene su punto de vista: «Exigimos que sea desmantelado de forma inmediata el decreto que impuso los aranceles a los calzados y los textiles. Como Gobierno tenemos que defender los intereses comerciales de Panamá ante presiones internacionales».

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Las declaraciones de Arosemena se dieron al concluir la sustentación del presupuesto del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para la vigencia fiscal de 2017  ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Ayer se designó al árbitro dentro del proceso que se lleva ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), institución que determinó en noviembre de 2015 y luego en junio de 2016, que el arancel colombiano sobrepasa los topes permitidos.

El alegato de Colombia es que el impuesto es necesario para combatir el contrabando y el blanqueo de capitales.