De los $2 mil 682 millones en reclamos por supuestos sobrecostos en el diseño y construcción del tercer juego de esclusas presentados por Grupo Unidos por el Canal (GUPC), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya ha desembolsado $290.1 millones, de acuerdo con un informe actualizado de la institución.
El consorcio, integrado por la española Sacyr, la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa, tiene programado comenzar a inundar las esclusas en junio próximo para iniciar las pruebas y entregar el proyecto a la ACP a principios de 2016.
La ampliación tiene en estos momentos un avance de 87.5%, mientras que los trabajos del tercer juego de esclusas se ubican en 85%.
La cifra de los reclamos se ha disparado desde que el consorcio comenzó a presentar los primeros en 2010.
Incluso, la cifra del total de los reclamos que maneja el consorcio es $16 millones mayor que el registro de la ACP, de acuerdo con un informe preparado por el experto independiente DLF Associate, que cita el diario El País de España. Ese documento señala que el importe de los reclamos de GUPC asciende a $2 mil 698 millones, mientras que el de la ACP registra $2 mil 682 millones.
DLF Associate calcula que el consorcio, en el que Sacyr tiene una participación del 41.6%, recuperará en total mil 398 millones de dólares, algo más de la mitad de lo solicitado hasta ahora, dice la publicación.
De los desembolsos, el mayor pago por $233 millones lo hizo la ACP en diciembre pasado al consorcio por orden de la Junta de Resolución de Conflictos, pero posteriormente, el 20 de enero de 2014, la institución envió una nota de inconformidad y advirtió que llevaría el caso a arbitraje.
La ACP basó su decisión en que uno de los tres miembros de la DAB no estuvo de acuerdo con que la ACP le reconociera a GUPC $233 millones por un supuesto sobrecosto en la construcción del tercer juego de esclusas.
Otros pagos han sido por incremento de salario ($17.7 millones), laboratorios de prueba en sitio ($14.8 millones), lodo en el sitio de la excavación de 1939 ($4.8 millones), ajuste de precio del contrato por Ley 8 de 2010 que aumentó el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) de 5% a 7% ($16.2 millones) y huelga de trabajadores en abril y mayo de 2014 ($2.9 millones).
El resto de los reclamos está en proceso en alguna de las tres instancias acordadas en el contrato para resolver diferencias entre las partes.
El de mayor cuantía por $898 millones debido a “atraso, disrupción y aceleración de trabajo”, está en revisión de la ACP. El administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, informó recientemente que la administración espera el desglose detallado para poder saber por qué piden ese monto de dinero. “Hasta ahora es como un batido de frutas donde hay una mezcla, pero necesitamos el detalle para resolver”, dijo Quijano.
Adicional a los reclamos y al monto del contrato, la ACP ha pagado al consorcio más de $352 millones por ajuste en el precio de algunos insumos como acero, concreto, mano de obra y diésel, tal como estaba consignado en el contrato.
Aunque la suma del monto del contrato con los reclamos se acerca a los $6 mil millones, o casi el doble del monto de la contratación, la cifra final se sabrá cuando se hayan cumplido todos los procesos en las instancias correspondientes.