Esta empresa ecuatoriana se encuentra en la mira de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el presunto pago de coimas en la adjudicación del contrato del fallido sistema de riego de Tonosí, provincia de Los Santos. Este contrato fue firmado en 2012 por un monto de $155 millones.
El presidente Juan Carlos Varela y sus ministros avalaron una adenda por $3.7 millones en un contrato a favor de Hidalgo & Hidalgo, empresa de capital ecuatoriano cuyos principales ejecutivos en Panamá están detenidos como parte de la investigación que adelanta una fiscalía anticorrupción sobre el fallido sistema de riego de Tonosí, en la provincia de Los Santos.
Esta adenda es la quinta que se aprueba a Hidalgo & Hidalgo para el proyecto de diseño y construcción del sistema colector e interceptor del este de la capital.
La misma fue aprobada en Consejo de Gabinete el pasado 11 de agosto y divulgada en Gaceta Oficial una semana después.
El contrato original fue suscrito por el Ministerio de Salud (Minsa) y refrendado por la Contraloría el 28 de septiembre de 2009, en el entonces recién estrenado gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), por un monto de $27.9 millones. Con la última adenda, el costo se eleva a $48.9 millones.
El contratista también recibió más tiempo para completar los trabajos, ya que ahora la obra deberá ser terminada el 13 de abril de 2016. No obstante, en el contrato original se fijaba 2011 como año de culminación del proyecto sanitario.
Los trabajos del sistema colector e interceptor este estuvieron suspendidos por año y medio, “en virtud de diferentes eventos acaecidos en la ejecución del contrato”, señala la resolución aprobada por el Gabinete.
Ese mismo documento subraya que el plan de gobierno 2014-2019 establece la implementación del Programa Sanidad Básica, 100% agua potable 0 letrinas, que deberá interconectarse al sistema de intercolectores del proyecto de Saneamiento de la ciudad de Panamá y de la bahía de Panamá.
GOBIERNO SE DEFIENDE
Tatiana De Janon, coordinadora general del Proyecto Saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá, explicó que la empresa Hidalgo & Hidalgo fue contratada en 2009, con el objetivo de diseñar y construir las obras necesarias para recolectar y transportar las aguas residuales del sector este de la ciudad de Panamá, hasta la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Juan Díaz.
De esta manera, quedarían interconectadas al sistema de saneamiento comunidades como Tocumen, Belén, Don Bosco, Las Acacias, Ciudad Radial y Juan Díaz, entre otras, beneficiando de manera inmediata a aproximadamente 22 mil 69 viviendas, con 89 mil 422 personas.
No obstante, aclaró que durante el desarrollo de la obra se dieron diversos eventos que ocasionaron “variaciones en el alcance del proyecto” y que han resultado en atrasos en su ejecución.
Por ejemplo, subrayó que al inicio del contrato no hubo disponibilidad de la servidumbre del corredor Sur para la instalación de las tuberías. Eso ocasionó que
el contratista no pudiera iniciar sus labores en el tiempo programado.
“Lo anterior dio lugar a que el diseño del sistema interceptor sufriera modificaciones, obligando al contratista a buscar un alineamiento alternativo que resultó en la necesidad de instalar una mayor longitud de tubería y trabajos adicionales”, agregó.
Según De Janon, el proyecto tiene un porcentaje de avance físico de más del 95%, pero están pendientes trabajos finales para poner en operación el sistema, como la instalación de algunos equipos en la estación de bombeo de Tocumen, las obras de potenciación de las estaciones de bombeo y funcionamiento del sistema.
Sobre el hecho de otorgar más dinero a la empresa investigada, sostuvo que “no se están contratando trabajos nuevos con este contratista”, sino que se está formalizando una adenda para que la empresa pueda terminar los labores necesarias y de esta manera poner en marcha el sistema recolector.
A la vez, dijo que si el actual contratista concluye el proyecto es más “ágil” que implementar un proceso de selección para una nueva empresa. Incluso, argumentó que buscar a una nueva firma ocasionaría un aumento de costos.
“Adicionalmente, el contrato actual cuenta con una garantía de cumplimiento para la totalidad del proyecto. La garantía de un nuevo contratista estuviera limitada a la parte de los trabajos que se contratarían, y no a la totalidad del alcance del proyecto. Eso perjudica al Estado y a la población que será beneficiada por la obra”, puntualizó.
Por último, insistió en que actualmente hay comunidades que están siendo afectadas por no contar con una conexión de sus redes de alcantarillado al sistema de saneamiento y eso pone en “riesgo” la salud de las personas. “Por lo tanto, poner en funcionamiento este sistema tan pronto sea posible es esencial para mejorar las condiciones sanitarias de la población”, aportó.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, también se refirió a este tema ayer miércoles y planteó que hay que separar el proceso judicial que se lleva a cabo contra Hidalgo & Hidalgo de esta obra de saneamiento.
En ese sentido, indicó que esa adenda de $3.7 millones se aprobó para que la empresa termine su labor, ya que de no hacerla algunas barriadas tendrían problemas con el manejo de aguas.
“La investigación sigue. Los ejecutivos involucrados en el sistema de riego siguen detenidos, pero yo como Presidente de la República tengo que velar por las obras que benefician a la población”, manifestó.
Sobre la fiscalización del proyecto, subrayó que De Janon tiene que asegurarse de que con la adenda se termine el proyecto. “Nosotros confiamos en su presentación y que miles de casas pueden conectarse a la planta de tratamiento”, apuntó.
Pese a las declaraciones de Varela, representes de la sociedad civil cuestionan que se le siga dando millones de dólares a una empresa que está vinculada a un escándalo de corrupción.
Ramón Ricardo Arias, presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, expresó que el Gobierno, en lugar de entregar más dinero a Hidalgo & Hidalgo, debe “declarar la nulidad de estos contratos”.
“Es cuestionable que la actual administración siga adjudicando contratos a empresas envueltas en investigaciones relacionadas con corrupción”, acotó.
Las declaraciones de Arias se dan, ya que esta no es la primera vez que la actual administración sigue trabajando con empresas investigadas por irregularidades.
Esto, pese a que el presidente de esa firma constructora, Marcelo Odebrecht, fue arrestado por supuestamente liderar un esquema de pagos ilegales y coimas para obtener negocios multimillonarios en Brasil y otros países.
En este caso, Hidalgo & Hidalgo se encuentra en la mira de la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que investiga el presunto pago de coimas en la adjudicación del contrato del sistema de riego de Tonosí, firmado en 2012 por $155 millones.
El proyecto nunca se concretó, pero aun así el gobierno de Martinelli desembolsó $37.4 millones a favor de la empresa. Las actuales autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) intentan precisar en qué se invirtió ese dinero, puesto que del proyecto no quedan ni los terrenos donde supuestamente iba a estar.
Por esta investigación están detenidos Marcos Albán Crespo y Juan Antonio Hurtado, ejecutivos de la empresa; los exministros de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio y Emilio Kieswetter, y el excandidato a diputado de Cambio Democrático Porfirio Ellis, entre otros.
Ivanhoe Ruiz, director de este proyecto por parte de Hidalgo & Hidalgo, informó que los atrasos se debieron principalmente a la no liberación de la servidumbre (área de paso) dentro de los tiempos establecidos originalmente en el contrato, en las zonas donde se alojarían las colectoras sanitarias.
Ruiz explicó que los cambios en las rutas para alojar a las colectoras ocasionaron aumento en longitud y trabajos adicionales que se traducen en “aumento de costos y tiempo”. Agregó que la institución contratante autorizó trabajos adicionales al proyecto, con sus respectivos costos asociados.
Cuando se le consultó sobre las anomalías en el contrato de riego de Tonosí, indicó que “es un proceso que lleva su curso y al final se sabrá la verdad”. “Le aclaro que son dos contratos distintos, con dos instituciones diferentes y en tiempos que no guardan relación uno con el otro”, expresó.
Además, especificó que el sistema colector para el este de la capital se licitó en el gobierno de Martín Torrijos, pero a la pasada administración le correspondió otorgar la orden de proceder.
“De la puesta en marcha de este proyecto depende la captación, traslado y tratamiento de las aguas residuales del sector este de la ciudad de Panamá”, explicó el representante de la empresa señalada. (Con información de Rosalía Simmons)
