Reclaman agilizar denuncias

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El magistrado Jos√© ¬†Ay√ļ Prado no hizo comentarios sobre las quejas que reposan en su contra en la Asamblea Nacional.

Entre los magistrados denunciados ante el legislativo est√° el actual presidente de la CSJ y exprocurador de la Naci√≥n, Jos√© Ay√ļ Prado, nombrado en 2012 por el entonces mandatario Ricardo Martinelli.

Ay√ļ Prado fue denunciado en 2013 por la actual diputada Zulay Rodr√≠guez, quien afirm√≥ que, mientras ocupaba el cargo de procurador, y ayudado por los fiscales Frank Torres y Ricardo Sol√≠s, este oblig√≥ a Mayt√© Pellegrini a retractarse de una primera declaraci√≥n en la que vincul√≥ a Martinelli con el caso Financial Pacific, a cambio de su libertad y la de su familia.

Adem√°s, enfrenta una denuncia criminal por la presunta comisi√≥n del delito de abuso de autoridad e infracci√≥n de los deberes del servidor p√ļblico presentada por Rosendo Rivera.

La acci√≥n legal fue interpuesta luego de que en una entrevista, C√©sar Segura, conocido como ‚ÄúEl Florista‚ÄĚ, revelara que fue obligado a devolver un lote en Paitilla por el entonces procurador Ay√ļ Prado.

El magistrado presidente de la Corte tiene otras dos denuncias por abuso de autoridad y extralimitación de funciones interpuestas por David Sitton Burgos, en representación del juez penal de Adolescentes de la provincia de Colón y de Guna Yala, Juan Domingo Ibarra.

En ambas se solicita que Ay√ļ Prado sea separado del cargo y se le investigue y sancione penalmente por delitos de omisi√≥n de funciones, corrupci√≥n de servidores p√ļblicos, tr√°fico de influencias, peculado de uso, abuso de autoridad y delitos contra la administraci√≥n p√ļblica.

De acuerdo con Sitton Burgos, cuando Ay√ļ Prado ejerc√≠a como jefe del Ministerio P√ļblico nombr√≥ como fiscal superior de Adolescentes a Zueleika Moore sin que reuniera los requisitos que exige la ley, tal como lo establece el art√≠culo 29 de la Ley 40 de 1999.

Mayor agilidad

Para Carlos Lee, director ejecutivo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, amerita que la comisión de Credenciales de la Asamblea adelante esos procesos y determinar si tienen fundamento legal.

‚ÄúDespu√©s de la experiencia del caso Moncada Luna la ciudadan√≠a est√° exigiendo agilidad en estos casos con el fin de tener una Corte Suprema que goce de confianza, ya que existe la percepci√≥n de que no est√°n administrando justicia con transparencia‚ÄĚ, indic√≥.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Jos√© Alberto √Ālvarez, manifest√≥ que para los casos pendientes ser√° responsabilidad de la Asamblea cumplir el cometido de por lo menos preguntarle a los magistrados cu√°l es su participaci√≥n en las acusaciones.

‚ÄúLa Asamblea no puede tener expedientes aguantados, porque esto puede llevar en el fondo a otros tipos de arreglos bajo la mesa, por el hecho de que los diputados investigan a magistrados y estos a su vez procesan a los diputados. No se pueden permitir esos jueguitos de chantaje de la Asamblea hacia los magisrados de la Corte y viceversa‚ÄĚ, advirti√≥.

Fin a caso Moncada

El presidente de la Comisi√≥n de Credenciales, el paname√Īista Luis Barr√≠a, es consciente de que los expedientes deben ser analizados, pero antes habr√° que darle conclusi√≥n al proceso seguido al exmagistrado Moncada Luna.

Expres√≥ que la ley es clara y plantea que la fiscal√≠a y las juezas de garant√≠as inician y dejan de existir una vez se dicte sentencia, por lo que esa instancia legislativa tendr√° que discutir el cierre del expediente o la posibilidad de remitirlo al Ministerio P√ļblico.

Otros procesos en Asamblea

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, Víctor Benavides, Oydén Ortega, Luis Mario Carrasco y Abel Zamorano también tienen procesos en la Asamblea Nacional.

Díaz fue denunciado por el abogado Roniel Ortiz, en representación de Liliana Morales, por delito de acoso laboral, sexual y psicológico.

Díaz, Benavides y Carrasco también enfrentan otra denuncia que interpuso el Suntracs por el fallo que dejó en libertad a Rogelio Ramos, alias Juana
Pe√Īa, quien hab√≠a sido condenado a prisi√≥n por presuntamente ser el responsable del crimen del obrero Osvaldo Lorenzo.

Abel Zamorano, fiscal del caso Cemis, tiene una denuncia que le interpuso el expresidente Martín Torrijos por abuso de autoridad en el manejo de la investigación del caso.

Adem√°s, el magistrado Ortega fue querellado penalmente en la Asamblea por el abogado V√≠ctor Crosbie Castillero, quien lo acusa de delitos contra la administraci√≥n p√ļblica.

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