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El veredicto de un juez en Coclé genera riesgo para el mercado, al desconocer la figura del fideicomiso y las garantías de los inversionistas.

Varias instituciones miran con lupa el caso de R.G. Hotels y las implicaciones de ignorar las garantías pactadas en una emisión.

El grupo R.G. Hotels dejó de pagar dos préstamos a la Caja de Ahorros, al tiempo que omitió la presentación de sus estados financieros ante la BVP. LA PRENSA/Archivo

El fallo de Jesús Corrales Hidalgo, juez primero del Circuito Judicial de Coclé, del 21 de octubre de 2015, se basa en información presentada por los dueños de R.G. Hotels, que pidieron una quiebra voluntaria ante los problemas financieros del grupo hotelero.

La retroactividad permitirá que las fincas que respaldaban el fideicomiso entren a un proceso ordinario de liquidación.

También ha generado intranquilidad que el juez alegue que los bienes inmuebles que supuestamente garantizaban dos emisiones que sumaron $30 millones no llegaron al fideicomiso, sin que este haya sido un tema reportado a los reguladores.

La decisión genera temor en casas de valores y reguladores, que ya analizan el tema. En tanto, el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, dijo que el fallo deja en indefensión a los tenedores de bonos.

POLÉMICO FALLO ALTERA A SECTOR FINANCIERO

La quiebra de R.G. Hotels, decretada el 21 de octubre de 2015, pero con vigencia desde el 31 de julio de 2012, ha generado turbulencia en el sistema financiero. La decisión del juez Manuel Jesús Corrales Hidalgo implica la anulación de la figura del fideicomiso, el principal mecanismo de garantía para todo tipo de inversiones en la plaza local.

Si continúa el proceso de quiebra decretado por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé , los tenedores de bonos y valores comerciales negociables de R.G. Hotels no tendrán acceso a las garantías que respaldaban los $30 millones que invirtieron desde el 31 de julio de 2012.

El juez Corrales decidió declarar la quiebra retroactiva de R.G. Hotels a partir de esta fecha, justo cuando se dio una primera emisión, por $15 millones.

En términos prácticos, la decisión implica que todo lo que se hizo a partir del momento de la “quiebra”, incluyendo la emisión, no tiene blindaje ni validez, y todos los bienes de R.G. Hotels entrarían a un proceso de liquidación.

Es decir, que las valiosas fincas que conformaban el fideicomiso ya no podrán ser liquidadas por los inversionistas para recuperar el dinero que aportaron.

Roberto Brenes, exgerente de la Bolsa de Valores de Panamá (BVP), criticó fuertemente la decisión del juez, alegando que los criterios utilizados para declarar la quiebra retroactiva atentan contra la seguridad del sistema financiero y además denotan serias irregularidades en la administración de justicia.

El juez basó su decisión de quiebra en que los estados financieros presentados para los años 2009-2013 y parte de 2014 no reflejaban “la verdadera y real situación financiera y económica” de la empresa, de acuerdo con la sentencia a la que tuvo acceso este medio.

Sin embargo, Brenes advirtió que hasta octubre de 2014, R.G. Hotels, todavía en manos de Rugiere Gálvez, presentó sus estados financieros auditados por contadores externos y cumplió con el pago de las emisiones, de acuerdo con el calendario pactado con los inversionistas.

Hasta ese momento, dice Brenes, no se había detectado ninguna irregularidad. Pero después del 31 de octubre de 2014, cuando entra un grupo de inversionistas de Puerto Rico y Estados Unidos, es que se reporta el incumplimiento de los pagos de las emisiones, luego la cesación, en mayo de 2015, y nunca presentaron estados financieros.

“Es a partir de este momento que el juez debe declarar la quiebra, porque es cuando se confirma que la empresa tiene serios problemas”.

Al momento que los nuevos accionistas entablan el proceso de quiebra voluntario, alegan que la empresa tenía problemas desde 2012, lo que llama la atención, teniendo en cuenta que compran el grupo hotelero R.G. Hotels en 2014.

“¿Cómo no se dieron cuenta de estos supuestos problemas si antes de comprar analizaron la empresa por 90 días?”, se pregunta Brenes.

“Este fallo es grave porque retrotraer una quiebra al año 2012, justamente para desposeer a terceros de buena fe, de las garantías de sus inversiones, es una maleantería”, recalcó Brenes.

Brenes advierte que la decisión de Corrales pone en riesgo un pilar fundamental del sistema financiero panameño, toda vez que este inédito fallo podría ser referencia para futuras decisiones.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reporta que al 30 de junio de 2015 había $21 mil 440 millones en fondos de fideicomisos. Y de este total, $11 mil 767 en garantías.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Dulcidio De La Guardia, indicó que a la entidad le preocupa el fallo. “Lo vemos con preocupación porque se está impactando los derechos de una cantidad importante de tenedores de bonos. Fue una emisión pública registrada en el mercado de valores panameño que contaba con una estructura de garantías. El fallo está dejando en indefensión a los tenedores de bonos que compraron en buena fe. Sin embargo, es una decisión del Órgano Judicial y somos respetuosos de las decisiones que tomen los otros órganos del Estado”.

Este tema está bajo la lupa de varias entidades. Se trata de una emisión registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores y negociada en la BVP. Además, está en juego la figura del fideicomiso, bajo la supervisión de la SBP. Se espera que hoy se realice una reunión de acreedores en Coclé.

APUNTES DIRECTOS La quiebra voluntaria

La quiebra está regulada por el Código de Comercio. Este mecanismo se utiliza cuando una persona natural o jurídica es incapaz de cubrir los pasivos o deudas que tiene. En el caso de que la misma persona o empresa acuda voluntariamente a los tribunales a pedir la declaratoria de quiebra, esta es de naturaleza voluntaria.

Según el artículo 1541 del Código de Comercio, la regla usual de la declaratoria de quiebra es que la entrada en vigencia de ésta será la fecha en que se presentó la solicitud al tribunal de la causa. En Panamá, los Juzgados de Circuito Civil son los que conocen, en primera instancia, de estos procesos.

Existe la excepción de la fecha de la quiebra establecida en el artículo 1551, que permite retrotraerla a una fecha anterior, hasta un máximo de cuatro años a la fecha de la sentencia que declaró la quiebra. ¿Cuál es la razón de este principio jurídico? En el derecho, no es usual encontrar normas que establezcan la retroactividad de una decisión judicial, las que usualmente rigen para el futuro. En la quiebra, lo que se trata es de impedir que se burle a los acreedores, ya que es posible que una persona o empresa que adquiera préstamos o deudas de cualquier naturaleza traspase sus bienes, ya sea en transacciones ficticias o sospechosas, y luego busque declararse en quiebra voluntaria para aprovechar su fortuna adquirida indebidamente. Al establecerse una fecha anterior a la de la solicitud de la quiebra, se posibilita que todas las transacciones realizadas por el deudor puedan ser examinadas y, nominalmente, puedan ser retrotraídas para evitar una quiebra fraudulenta.

El artículo 1547 establece que se le debe notificar al Ministerio Público, de oficio, para que este verifique que la quiebra no se hace delictivamente, es decir, que es una quiebra de buena fe. En este caso, es prioritario que la Procuraduría General asigne un equipo especializado para mirar todo el proceso, tanto de la quiebra como de las transacciones financieras y bancarias que están involucradas.

Rodrigo Noriega

El autor es abogado

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