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PRD y CD cierran filas a favor del ‘blindaje’

Los diputados perredistas Zulay Rodríguez y Leandro Ávila conversan con el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, en la sesión de ayer. Foto por: LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Las bancadas opositoras del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de Cambio Democrático (CD)  no accedieron ayer a discutir  en segundo debate el proyecto 214 que proponía la derogación de la Ley 55.

La Asamblea cierra hoy el período de sesiones ordinarias, por lo que el proyecto quedaría para el próximo período, si lo deciden debatir.

ENDURECERÍAN BLINDAJE

En la mañana, la bancada del partido Panameñista presentó en la Secretaría de la Asamblea un informe de minoría en el que rechazaban las modificaciones que se hicieron al proyecto en el primer debate.

“Bajo las modificaciones que se le hicieron al proyecto de ley, la bancada ha hecho un informe de minoría, y estamos en contra de estas modificaciones por que va en contra del espíritu del proyecto que yo presenté que buscaba eliminar la prueba sumaria y ampliar el término de la investigación”, explicó  Adolfo Valderrama, proponente de la iniciativa y presidente de la Asamblea.

Fue el martes en la comisión de Gobierno que los diputados del PRD Zulay Rodríguez, Benicio Robinson y Pedro Miguel González pasaron importantes  modificaciones al proyecto y endurecieron el blindaje a los diputados.

Entre las modificaciones está mantener la obligatoriedad de la prueba idónea, acompañada ahora “ de elementos de convicción que determinen la existencia del hecho punible y los elementos que relacionan al denunciado o querellado con tal hecho”. Esto último no solo no figuraba en el proyecto original, sino tampoco en la Ley 55 de 2012.

González, Rodríguez y Robinson también sugirieron cambiar los plazos de la investigación. La Ley 55 otorga al magistrado fiscal un término de dos meses para concluir la investigación, prorrogables por un mes adicional. Se propuso ampliar la prórroga a dos meses. No obstante, excedido ese plazo y si la investigación no ha concluido, el magistrado fiscal tendrá 48 horas -y no 10 días, como dicta la Ley 55 actual- para concluir el proceso, a solicitud del imputado.

 Adicional, la Ley 55, en su artículo 491-A, señala que la decisión adoptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “admite recurso de reconsideración”.  El proyecto aprobado el martes por la noche,  eliminó la frase sobre la admisión de recursos.

ESTRATEGIAS

Tras el informe de minoría de los panameñistas, el diputado Valderrama dijo que se hacían esfuerzos por lograr un consenso con sus aliados del PRD para eliminar la exigencia de la prueba sumaria y ampliar el período a cuatro meses para instruir una investigación a un diputado en la CSJ.

A todo esto transcurría la sesión normal en el pleno donde se aprobaron más de cinco leyes de otras materias. La bancada de CD se mantenía con sus 30 diputados  inmóviles en sus curules. La consiga era mantener la  Ley 55 aprobada en el gobierno de CD, ya que  beneficia al exmandatario y presidente del partido Ricardo Martinelli [diputado del Parlacen] quien enfrenta un proceso en la CSJ.

El PRD tenía cerca de 15 diputados en el pleno y los panameñistas y Partido Popular estaban en minoría, con apenas 12 diputados. La independiente Ana Matilde Gómez estaba en su curul.

Mientras transcurría el tiempo se realizaban varias reuniones. Los diputados Rodríguez y Robinson se mantenían firmes en no eliminar la prueba sumaria.

Pedro Miguel González dijo que trató de convencer a la bancada de CD para que se sumaran a la discusión del proyecto, pero fue inútil.

CD planteó de que el proyecto requería de más consultas y en dos días eran insuficientes para aprobarlo. La iniciativa reposa desde el 20 de enero pasado en la Asamblea y solo esta semana había sido prohijado.

La bancada panameñista  en un comunicado señaló que  “al no llenarse las expectativas de la ciudadanía con el texto aprobado en primer debate, ha decidido no participar de la discusión de un proyecto de ley que en lugar de eliminar el blindaje procesal, lo fortalece”.

ASAMBLEA NO JUGÓ ROL

Luego del fracaso por lograr un consenso con el proyecto 214, el diputado Valderrama se fue a su curul para fustigar a sus colegas  por “no poder demostrarle al país la capacidad de cerrar filas y darle confianza y credibilidad a un pueblo que nos eligió”.

Destacó que el 50% de los diputados que es nuevo en este período  y el otro 50% que se reeligió, “teníamos la responsabilidad de dejar ese legado a nuestros hijos y a las futuras generaciones de devolverle la credibilidad a este órgano del Estado, de que el que no la debe no la teme”.

Manifestó que la percepción que ha dado la Asamblea es totalmente errada, “pareciera que estuviéramos llenos de temores para enfrentar a la ciudadanía, ese es un error del que no están orgullosos sus hijos”.

Agregó que sabía de que era difícil aprobar este proyecto, e indicó que  lo que no sabía era que “no íbamos a tener la capacidad de conectar nuestro discurso de cuando buscábamos los votos, con el ejemplo que estamos dando hoy, un mensaje errado de esta Asamblea”.

Inmediatamente, La diputada Zulay Rodríguez ripostó y manifestó que el documento presentado  tenía la exigencia de elementos de convicción y prueba idónea para admitir la denuncia y que “hoy nos tachan a nosotros y señalan con el dedo cuando nosotros habíamos simplemente señalado que se mejoraba y que se lograría el consenso para que la nación lo conociera”.

Su colega y también perredista Leandro Ávila indicó que  era necesario tener reglas mínimas en esta ley para evitar los abusos contra los diputados en cualquier investigación.

En la actualidad, en la CSJ reposan cerca de 50 denuncias contra los diputados.  En más de 10 años desde que rige la norma constitucional de que la CSJ investiga a los diputados no se ha dado un juzgamiento de un miembro del Legislativo.

PIDEN A LA CORTE ACTUAR

Tras conocerse el fracaso de la ley antiblindaje,  Annette Planells, del Movimiento Independiente, pidió a la CSJ que declare la inconstitucionalidad de la Ley 55 de 2012, para eliminar este privilegio que tienen los diputados.

En la CSJ reposan dos demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 55 que aún están pendientes de fallos.

Por su parte, el exdefensor del Pueblo Juan Antonio Tejada destacó que este es un blindaje para la impunidad  y que desde la perspectiva ciudadana resulta ilógico frente a los retos democráticos que a todos nos debe impulsar.

En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, mostró su decepción ante la esperanza de que la ley fuese derogada en esta semana. “Ahora queda el  llamado a la Corte Suprema para que declare cuanto antes inconstitucional esta ley”.

La decisión de mantener  la ley  blindaje deja más deteriorado el pacto de gobernabilidad entre panameñistas y PRD a las puertas de nuevas negociaciones para escoger al  próximo presidente del Legislativo.

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