ONU insta al gobierno de Venezuela a garantizar un juicio justo a la juez María Lourdes Afiuni

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DERECHOS HUMANOS

ONU insta al gobierno de Venezuela a garantizar un juicio justo a la juez María Lourdes Afiuni

Al presentar las conclusiones del análisis hecho por el Comité de Derechos Humanos, al que concurrió el gobierno de Nicolás Maduro a fines de junio pasado, el organismo señaló que sigue preocupado por la situación del poder Judicial en el país, especialmente sobre su autonomía e imparcialidad.

Venezuela se sometió los pasados 29 de junio y 30 de julio al escrutinio del Comité, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y hoy el organismo ha presentado sus conclusiones.

Hay «informes sobre las consecuencias negativas que habría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno» y cita el caso de la jueza Alfiuni.

La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el Gobierno que ya había cumplido en prisión preventiva.

La magistrada fue acusada después de que el entonces presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) la llamara «bandida» y pidiera para ella la máxima pena de prisión. Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de las Naciones Unidas.

Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue violada y fue objeto de abusos sexuales.

JUSTICIA

«Venezuela debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni a la mayor brevedad posible, en un juicio justo, independiente e imparcial y que se investiguen de manera pronta y exhaustiva las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención». «El Comité continúa preocupado por la situación del poder judicial» en Venezuela, «particularmente en lo que atañe a su autonomía, independencia e imparcialidad», según las conclusiones.

«Observa con preocupación que sólo el 34% de los jueces son titulares, lo que significa que el resto está en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional», añade.

Asimismo, los expertos lamentan no haber recibido información sobre el porcentaje de fiscales del Ministerio Público que son titulares, «y le preocupan los informes que indican que ese porcentaje sería muy bajo».

Venezuela «debe tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo de presiones e injerencias», instan los expertos.

RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Por otra parte, el Comité se refiere a la suerte de los políticos opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, y recuerda que su encarcelamiento «ha sido declarado arbitrario por el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria».

«Venezuela debe garantizar que ningún agente estatal adopte medidas o realice actos que pudieran constituir intimidación, persecución, descalificación o una injerencia indebida en el trabajo de los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales, los abogados y los miembros de la oposición política», afirma.

Asimismo, los expertos se preocupan sobre el ejercicio de la libertad de expresión y de información y piden al Estado que reconsidere la «despenalización de la difamación».

El Comité lamenta la falta de claridad tanto respecto a la necesidad de pedir autorización para realizar una manifestación como acerca de las restricciones a la financiación extrajera de organizaciones.

Finalmente, el «Comité invita» a Venezuela «a considerar volver a ser parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos con miras a ofrecer una protección complementaria a los derechos contenidos en el Pacto a nivel regional».

Durante su participación ante el Comité, en Ginebra, en junio pasado, el gobierno presentó lo que llamó «logros del país en materia de derechos civiles y políticos«. «El Estado venezolano en sus actuaciones tiene como preeminencia la defensa de los derechos humanos. En Venezuela el derecho a la vida es inviolable”, aseguró ante los comisionados la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Agregó que el Ejecutivo venezolano hace esfuerzos importantes por la convivencia y la paz.

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