Malversación y engaño en el PAN: indagatoria para más exfuncionarios

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Malversación y engaño en el PAN: indagatoria para más exfuncionarios

María Fábrega, exviceministra de la Presidencia; Marta Susana de Varela, exviceministra de Desarrollo Social; Federico Suárez, exministro de Obras Públicas, y el diputado de Cambio Democrático (CD) Fernando Carrillo, aprobaron la compra de comida deshidratada a la empresa Lerkshore Internacional Limited [por $44.9 millones] sin conocer siquiera el monto del contrato.

“[la compra de la comida] fue aprobada sin mayores observaciones”, asegura la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, en el documento donde solicita la indagatoria de los tres exfuncionarios.

Broce, quien investiga la adquisición de los alimentos deshidratados durante el gobierno pasado, citando una auditoría de la Contraloría General de la República, establece además que “no cumplieron con la función encomendada [en la norma que creó el PAN] de fiscalizar y evaluar la ejecución de la compra pese a que era un proyecto que se pondría en marcha durante cuatro años [entre 2010 y 2014], y que estaba dirigido a la población estudiantil del país. Muchos de ellos en escuelas de difícil acceso.

“Hubo malversación y engaño al Estado”, argumenta.

Estas acciones motivaron a la funcionaria del Ministerio Público a ordenar la indagatoria de los ex servidores públicos por la presunta comisión del delito contra la administración pública de “peculado”.

Un probable proceso contra Carrillo, actual jefe de bancada de CD en el Legislativo, sería llevado por la Corte Suprema de Justicia, dado que a los diputados de la Asamblea Nacional los investiga esta corporación de justicia.

LA EMPRESA LERKSHORE INTERNATIONAL

Los cuestionamientos de la Fiscalía también apuntan a la compañía. Era lo que el panameño común podría llamar una empresa “fantasma”. Lerkshore International nunca operó en Panamá.

De acuerdo a una inspección ocular efectuada por la fiscalía en el Registro Público, la compañía que regentaba Rubén De Ycaza Arias fue registrada como una sociedad extranjera.

No llegó a tener una dirección física en el país: “La dirección en el extranjero de la empresa en referencia es un apartado postal”, advierten. Luego de ser beneficiada con los millones del Estado, la compañía desapareció. Canceló su registro de operación el 31 de octubre de 2012.

Tampoco aparece registrada como empleador de la Caja de Seguro Social. Así lo manifestó la propia entidad a través de una nota elaborada en octubre de 2014 por parte de su departamento de Inscripción de Empleadores.

MÁS ANOMALÍAS

En la auditoría al programa realizada por la Contraloría General de la República y que se anexa al expediente, se determinó por ejemplo que la propuesta oficial presentada en el acto público no reunía los requisitos exigidos en el pliego de cargos.

Mencionan, por ejemplo, que no se obtuvieron los registros sanitarios de los productos alimenticios. Argumentan también que a la compañía se le pagó el valor del contrato sin cumplir con lo dispuesto en las cláusulas del pliego de cargos.

SOBRECOSTOS

La Fiscalía también cita facturas comerciales giradas por la empresa Prativita Alimentos Nutricionais, ubicada en Brasil [la que suministró la comida], a Lerkshore International, donde se advierte una serie “de hechos complejos” que se refieren a “presuntos sobrecostos y malversación de fondos

públicos”, específicamente con la contratación directa por $44.9 millones.

Por este caso también son investigados Molinar, la excontralora Gioconda de Bianchini y Tamburrelli, quien actualmente está bajo arresto domiciliario.

En la lista también figuran Ángel Famiglietti, exjefe del Departamento de Nutrición del PAN, y Rubén De Ycaza Arias, representante legal de Lerkshore International Limited, la sociedad proveedora de la comida.

En su momento, Tamburrelli declaró ante la Fiscalía que el acto público para la contratación de Lerkshore fue “una pantalla”, toda vez que el expresidente de la República Ricardo Martinelli había dado indicaciones “directas” para que esta empresa fuera beneficiada.

Pero el escándalo de la comida deshidratada, que costó $44.9 millones al pueblo panameño, va más allá. Ya las autoridades determinaron a cuánto asciende el sobreprecio.

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