JUECES ARGENTINOS PIDEN AMPLIAR EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN Piden investigar conexión Cristina Kirchner-Lázaro Báez

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JUECES ARGENTINOS PIDEN AMPLIAR EL FOCO DE LA INVESTIGACIÓN Piden investigar conexión Cristina Kirchner-Lázaro Báez

 Al resolver una serie de impugnaciones y nulidades contra decisiones vinculadas al proceso por lavado de activos contra Lázaro Báez  y otros, se pidió indagar en la relación de este con los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015).

En la resolución, que lleva la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, también se confirmó el monto de los embargos fijados a los investigados, se declaró mal concedida e inadmisible una apelación presentada y se encomendó al juez proceder para determinar de dónde provienen los bienes de Lázaro Báez, luego de que, afirman, al hacer un análisis global de toda la información que contiene el proceso “existen pruebas que revelan que determinados bienes fueron obtenidos mediante delitos (…) Y hay más, mucho más, capital sospechado de tener origen semejante (…)”, y este podría ser consecuencia de sus relaciones comerciales y personales con los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y todos los contratos que durante sus mandatos se le destinaron.

La resolución, que avala provisoriamente las consideraciones del juez federal Sebastián Casanello, ordenó avanzar sin más demora sobre la línea de investigación que vincula la posesión irregular de dinero de Báez con sus relaciones con las más altas autoridades del Ejecutivo, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas. Asimismo, con la finalidad de hacer la investigación eficaz, y tomando en cuenta que existen no menos de cuatro investigaciones diferentes que tienen lo que denominaron “puntos de contacto” con la causa de lavado de dinero, recomendaron practicar una pesquisa por muestreo de casos que permita la realización de diligencias enmarcadas en eventos centrales y lo suficientemente demostrativos, así como la delegación de la investigación de algunos de los hechos a la fiscalía, en una suerte de división de tareas que produzca resultados más trabajados.

También encomendaron “la constitución periódica de reuniones entre los agentes públicos que integran los equipos, en aras de compartir la información mutuamente pertinente, incorporarla con inmediatez y sugerir a los directores de los procesos los cursos de acción que luzcan conducentes para lograr sus cometidos, evitando la dispersión y la repetición”, a fin de que las investigaciones sean rápidas, coordinadas y sistematizadas.

Estas recomendaciones están relacionadas con una serie de consideraciones que esbozan los jueces en un aparte de la resolución titulado “Lo que se viene dejando de lado”, en donde manifiestan su discrepancia sobre lo que consideran “una persistencia del juez en un enfoque errado de la investigación”, al abordar “aspectos parciales” y dejar de observar otros que se desprenden de todo lo acopiado.

“No puede olvidarse que las denuncias que trajeron el conocimiento de los hechos para su investigación hacen referencia a la existencia de un grupo de personas que con distintos matices manejaban grandes sumas de dinero de dudosa procedencia ligada a la corrupción, resumida como ‘la red de lavado del Estado’; y que aquellas se fundaban en la difusión de una investigación periodística que daba cuenta del traslado de dinero en efectivo en bolsos (…) La investigación fue llevada adelante desde una óptica segmentada, lo que conllevó a múltiples recomendaciones de esta Sala (…) Tres años más tarde nos encontramos ante el dictado de una decisión de mérito que contiene otra doble limitación fáctica: por un lado, la puntual de la secuencia fílmica de conteo de dinero (…); por el otro la consideración sesgada del delito precedente en la evasión fiscal (…) Y se pierde de vista, además, que ese hecho concreto –que se tuvo por probado y que aquí se confirma– constituye, a su vez, la corroboración probatoria de aquellos denunciados a los inicios (…) con idéntica modalidad y por sumas muy superiores. Es decir, demuestra una continuidad de actuación que perduró en el tiempo (…)”, lo que conlleva a pensar en la hipótesis de la desmedida e irregular asignación de obra pública.

ARGUMENTOS

Lázaro Báez fue arrestado en un aeropuerto en las afueras de Buenos Aires en abril de 2016; está en prisión. Expandir Imagen
Lázaro Báez fue arrestado en un aeropuerto en las afueras de Buenos Aires en abril de 2016; está en prisión. AP/ AP/Agustín Marcarian

Los jueces de la Cámara manifestaron que “de la lectura del trámite se encuentran datos concretos que indican que empresas de Lázaro Báez fueron adjudicadas para ejecutar numerosas obras públicas solventadas con fondos asignados por el Estado Nacional a través del Ministerio de Planificación”.

Por tanto, añaden, se debe “ confirmar o descartar la relación (…) entre las maniobras de lavado de dinero y de la adjudicación de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de los años Lázaro Báez y su grupo empresario. No se trata de ‘ampliar’ el objeto de la pesquisa, sino de ‘abordar’ como corresponde extremos que surgen de las denuncias que dieron origen a la presente investigación, y también de muchas otras piezas posteriormente incorporadas al legajo (…)”.

Para sustentar estas afirmaciones, acto seguido se hace referencia a ocho denuncias que dieron base a la investigación, y al listado de la obra pública y el informe de Vialidad Nacional incorporado a una de las causas conexas, en el que se detalla que Santa Cruz, provincia donde Néstor Kirchner fue gobernador y en cuyo período Báez tuvo una carrera ascendente hasta formar Austral Construcciones, S.A., “fue la segunda provincia a la que se le asignó presupuesto para la obra pública –solo precedida por la provincia de Buenos Aires– y del total de lo recibido, el 78% fue destinado a la contratación de empresas del grupo Báez (…)”.

Paralelamente, se lee en la resolución, la información de la que disponen demuestra que existieron “en forma continuada y repetida” vínculos –al menos– comerciales que unían a firmas privadas de Báez con otras ligadas a la entonces presidenta Cristina Fernández o a familiares de ella; y que también se demuestra que la principal actividad económica de Báez se produjo como consecuencia de sus “conocidos vínculos” con el “exintendente de Río Gallegos, exgobernador de Santa Cruz y expresidente Kirchner y su esposa, Cristina, exsenadora de Santa Cruz y expresidenta de la República y de la múltiple y millonaria obra pública que le fue adjudicada a lo largo de los mandatos de ambos, a partir de la cual habría dejado de ser un empleado bancario para convertirse en un empresario contratista del Estado dueño de un importantísimo patrimonio (…)”.

Según los jueces, a partir de todo lo anterior es imposible pretender analizar el “extraordinario incremento patrimonial ilícito” que exhibió Báez sin adentrarse a analizar su relación y sus conexiones y la hipótesis de “un eventual acuerdo de voluntades para hacerse espuriamente de fondos públicos, de forma planificada y continuada, a través de influencia, decisión directa o connivencia de integrantes del poder político”.

Entre los elementos de la investigación que avala la resolución de la Cámara, se encuentra que las defensas de los imputados no han logrado justificar el origen lícito de $5 millones que introdujeron en 2012 en la SGI, S.A. (La Rosadita) y que, alegan, demuestra también el incremento del patrimonio. De hecho, el escándalo de la “Ruta del dinero K” tomó un giro nuevo en marzo pasado, cuando el noticiero argentino Telenoche presentó un informe, incluidos videos de las cámaras de seguridad de la financiera, en los que se veía contar gran cantidad de dinero a varias personas, entre ellas, Martín Báez, hijo de Lázaro, quien también está procesado por lavado.

Asimismo, detallan que a la luz de lo declarado por Báez, sus consumos fueron mayores a sus ingresos, nunca declaró poseer moneda extranjera, nunca incluyó alguna renta derivada de beneficios de sus empresas y las divisas declaradas por Austral Construcciones a partir de 2010 se mantuvieron en unos $700 mil, cayendo a $500 mil en 2012.

En tanto, su hijo, Martín, cabeza visible de la constructora, presentó un consumo de tendencia creciente con ingresos que iban en sentido contrario que, “en valores absolutos no alcanza para sostener esas erogaciones corrientes”. La misma situación refieren los jueces acerca de Pérez Gadín, sin embargo, advierten, “sus activos aumentaron considerablemente”.

El pasado 24 de junio, el juez Casanello llamó a rendir declaración indagatoria por delitos de lavado de dinero a tres de los hijos de Báez: Leandro Antonio, Melina Soledad y Luciana Sabrina.

Su decisión se fundamentó en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, entre otras cosas, alude a “una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Báez (…)”.

De acuerdo con la información de la UIF, apoyada en sus similares en Suiza, los hijos de Báez –incluido Martín– son propietarios de dos sociedades panameñas (Fundación Kinsky y Teegan Inc.), las cuales, en conjunto con otra empresa con sede en el país (Tyndall Limited, Inc.) habrían canalizado dinero en las sociedades Austral Construcciones y Epsur, S.A., transacciones que según la resolución judicial de Casanello, carecerían de justificación económica o financiera y no tendrían ningún respaldo patrimonial.

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