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IRREGULARIDADES EN EL EXTINTO FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL El negocio del equipo espía

El PAN pagó a la empresa Nunvac Inc., pese a que el contrato fue suscrito con la compañía israelí M.L.M. Protection LTD.

El proyecto usado para la compra del equipo fue autorizado por los entonces directivos Demetrio Papadimitriu, ministro de la Presidencia; Giacomo Tamburrelli, director del FIS y Marta Susana de Varela, viceministra del Mides. Foto por: LA PRENSA/Archivo

El proyecto usado para la compra del equipo espía, por $13.4 millones, fue autorizado el 19 de mayo de 2010 por los entonces directivos Demetrio Papadimitriu (presidente de la Junta Directiva del FIS y ministro de la Presidencia); Giacomo Tamburrelli (secretario de la directiva y director del FIS); Marta Susana de Varela (viceministra de Desarrollo Social) y Mirna de Crespo (viceministra de Educación).

Pero a diferencia de la investigación por las supuestas anomalías en la adquisición de la comida deshidratada, en la que los cuatro directivos que autorizaron el contrato tienen medidas cautelares, en la del extravío de la pinchadora ninguno de los firmantes ha sido llamado a declarar.

En el caso de la comida deshidratada, cuyo contrato fue firmado el 7 de octubre de 2010, la Fiscalía Segunda Anticorrupción impuso medida de prohibición de salida del país a los exministros de Obras Públicas y Educación, Federico Suárez y Lucy Molinar; y a las ex viceministras de la Presidencia y Desarrollo Social, María Fábrega y Marta Susana de Varela.

Mientras, en la investigación por la pérdida del equipo espía, que adelanta el mismo despacho, la fiscal Vielka Broce imputó al exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz; y a los exfuncionarios de esa entidad Ronny Rodríguez y William Pittí.

Este proceso se inició a partir de una denuncia interpuesta el 2 de diciembre pasado por el secretario del Consejo de Seguridad, Rolando López.

LAS VERSIONES

Según información contenida en el expediente –a la que este medio tuvo acceso–, en la reunión de la junta directiva del FIS del 19 de mayo de 2010 se aprobó de manera unánime la contratación de ocho proyectos.

El último en la agenda era: para “seguridad tecnológica y suministro de equipo e instalación, entrenamiento y mantenimiento de los mismos” .

Sobre la aprobación de este proyecto, Papadimitriu dijo ayer que está fuera del país, que no tiene mayor información y que por ende no hará comentarios.

De Crespo señaló que el proyecto aprobado era muy distinto a lo que establece el contrato y en nada hacía mención a espionaje.

Gonzalo Moncada Luna, abogado de Tamburrelli, informó que no ha tenido acceso al expediente y por tanto no declarará.

En tanto, de Varela no respondió el mensaje dejado en su celular.

Garuz rindió indagatoria el 29 de enero pasado y negó ser responsable de la pérdida del aparato. Esta indagatoria fue anulada por el Juzgado Séptimo Penal el 12 de febrero al admitir un incidente de controversia. Rodríguez y Pittí están prófugos.

NUNVAC COBRÓ LA PLATA

Tras la aprobación del proyecto, vinieron las ofertas.

Tamburrelli envió una invitación directa el 25 de junio de 2010 a la empresa israelí M.L.M. Protection LTD para que hiciese una oferta por los equipos.

La empresa hizo lo propio el 28 de junio de 2010 y al día siguiente Tamburrelli le adjudicó el contrato para adquirir el equipo de espionaje –conformado por cinco computadoras portátiles, un servidor y dos programas software– a un costo de $13 millones 475 mil.

El contrato, que incluía la instalación y entrenamiento del personal que usaría el equipo, fue refrendado el 23 de julio de ese mismo año por la entonces contralora Gioconda de Bianchini y firmado por Tamburrelli y por Ofer Bar, representante legal de M.L.M. Protection LTD.

Pese a no estar incluida en el contrato, la empresa Nunvac Inc. cobró el dinero.

Tamburrelli ordenó pagar a Nunvac Inc. $10 millones 861 mil 857 con 48 centésimos, en tres pagos depositados a una cuenta en el Occidental Bank de Barbados. Los restantes $2.6 millones fueron pagados al fisco en impuestos de importación de equipos tecnológicos.

Nunvac Inc. es una empresa que se dedica a vender equipos de seguridad y comunicaciones y opera en Colombia y México. Fue inscrita en el Registro Público el 14 de octubre de 2005 y tiene como directores a Natan Wancier (presidente), Félix Valencia (tesorero) y Roberto Silvestri (secretario).

En una nota enviada a la fiscalía el 14 de enero pasado, Rafael Stanziola, actual director del PAN, manifestó que no hay constancia de la relación de esa entidad con la empresa Nunvac Inc.

Tampoco pudo confirmar el estado en que llegó el equipo y si fue recibido a satisfacción.

Roberto Silvestri, secretario de la firma, rindió declaración jurada ante la fiscalía el 13 de enero pasado y explicó que Nunvac Inc. no realiza ninguna operación en Panamá y el contrato con el FIS en 2010 fue firmado directamente por su jefe, Wancier, desde las oficinas de la empresa en Bogotá, Colombia.

Incluso, dijo que Wancier puede explicar las razones por las que Nunvac Inc. recibió el pago del contrato.

De acuerdo con Silvestri, M.L.M. Protection LTD se dedica a protección personal y sistemas de escoltas. Pese a ello, aseguró que desconoce quién es el representante legal de esa empresa israelí y que no tiene detalles sobre los equipos que esta entregó al Gobierno de Panamá.

ENTRENAMIENTO

Un total de 18 empleados de M.L.M. Protection LTD, incluido Bar, recibieron permisos para portar armas y equipos de comunicación en el año 2010 y ofrecer servicios de escolta y seguridad al entonces presidente, Ricardo Martinelli.

La información fue confirmada a la fiscalía el 12 de febrero pasado por el actual secretario ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, Salvador Sánchez.

Uno de los escoltas israelíes, Michael Keren, es señalado como el encargado de dar el entrenamiento y capacitación a Rodríguez y Pittí para operar los equipos de espionaje en el Consejo.

En tanto, Guido Rodríguez, fiscal de cuentas, informó que desde enero pasado pidió dos auditorías: una al PAN para determinar si hubo sobrecostos en la compra del aparato y otra a la Contraloría para que determine la responsabilidad del Consejo por la pérdida del equipo. Aún espera los resultados de ambos peritajes.

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