Hidroeléctrica Barro Blanco Ngäbes lanzan ofensiva internacional frente al fracaso del diálogo

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La medida de cautela tiene como fin que la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos pida al Estado paname√Īo la suspensi√≥n dela construcci√≥n de la hidroel√©ctrica sobre el r√≠o Tabasar√°.

Ricardo Miranda, dirigente del M-10, se√Īal√≥ que sus hermanos originarios vendr√°n a esa lucha desde las tres regiones de la comarca Ng√§be Bugl√©, toda vez que el Gobierno le ha dado m√°s importancia a la empresa Genisa y al muro de Barro Blanco, tras 60 reuniones y cinco meses de di√°logo.

Frentes de lucha

El dirigente reconoció que aunque el M-10 se erigió representante del pueblo ngäbe en este conflicto, otros grupos indígenas también expresan el mismo anhelo, y realizan acciones en otras instancias para que se les haga justicia en la defensa de sus recursos naturales.

Tal es el caso de la cacica general Silvia Carrera, de quien se√Īal√≥ viaj√≥ a la capital para reunirse con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Pueblos Ind√≠genas de Panam√° (Conapip), para buscar apoyo a nivel internacional, frente a lo que denomina ‚Äúactitud impositiva‚ÄĚ e irrespeto del di√°logo por parte del Gobierno del presidente Juan Carlos Varela,y el favor que deparan a la empresa Genisa.

Ella está actuando a título personal, no es la Comisión Indígena, pero sus esfuerzos también están encaminados a que el Gobierno cancele la hidroeléctrica, subrayó Miranda.

Petición a la CIDH

En la pugna que mantienen los grupos originarios figura tambi√©n una solicitud de apoyo dirigida al papa Francisco y, lo m√°s reciente, la solicitud de una medida cautelar en contra del Estado paname√Īo elevada a la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, por el Movimiento 22 de Septiembre (M-22), cuyos miembros se identifican con la Congregaci√≥n Mama Tatda. La petici√≥n de la medida cautelar fue tramitada v√≠a internet, el pasado jueves.

Seg√ļn su representante legal, V√≠ctor Mart√≠nez, este recurso busca que la instancia hemisf√©rica solicite la suspensi√≥n del proyecto, en base a los perjuicios y violaciones que a los derechos del pueblo originario ha cometido la firma Genisa.

Violaciones

Ayer, el abogado Mart√≠nez y la dirigencia del M-22 acudieron a la Canciller√≠a de la Rep√ļblica a entregar el poder que le otorga la cacica P√©rez, para que le represente en este conflicto.

El jurista explicó que la petición ante la CIDH se basa en que Genisa incurrió en una serie de violaciones a la seguridad jurídica del pueblo ngäbe buglé, incluso, no realizó las consultas que ordena la Ley general de Ambiente, así como al Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo, sin excluir las reformas que se le practicaron al contrato del proyecto hidroeléctrico.

Ejecutivo escucha

Al respecto, la Presidencia de la Rep√ļblica, a trav√©s de su vocero oficial, dijo respetar los recursos que presenten los grupos originarios ante instancias internacionales, los cuales ser√°n respondidos en su momento. El Gobierno Nacional mantiene su postura de llamar al di√°logo, pues cree que la soluci√≥n al conflicto debe ser negociada, lo cual ha demostrado a trav√©s de¬†seis meses y m√°s de 20 encuentros, giras y m√ļltiples gestiones¬†t√©cnicas de especialistas, apunt√≥ el vocero.

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