FRAUDE FISCAL Denegada la petici贸n de archivo de la causa judicial contra la infanta Cristina

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En una decisi贸n publicada este viernes, el tribunal de Palma de Mallorca (islas Baleares) rechaz贸 los argumentos de la defensa, la fiscal铆a y la abogada del Estado, que reclamaron el sobreseimiento de la infanta en la apertura del proceso聽contra ella y otros 17 acusados, entre ellos su marido I帽aki Urdangarin, el 11 de enero.

Los tres defend铆an que no ten铆a sentido proseguir la causa bas谩ndose 煤nicamente en la versi贸n de la acusaci贸n popular 鈥搇a asociaci贸n ultraderechista Manos Limpias鈥, pues la fiscal铆a y la abogac铆a del Estado, representante de los intereses de la Hacienda p煤blica, no actuaban contra ella.

Pero el tribunal dio la raz贸n a la acusaci贸n popular y al juez instructor que dictamin贸 la apertura de juicio oral contra Cristina de Borb贸n argumentando el fraude fiscal no 煤nicamente perjudica a la administraci贸n p煤blica, sino tambi茅n al conjunto de ciudadanos. No pagar los impuestos correspondientes 鈥減rovoca un detrimento en el presupuesto necesario para procurar la asignaci贸n equitativa de los recursos p煤blicos鈥, se帽ala el tribunal en su sentencia.

Por lo tanto, 鈥渘o existe un 煤nico, concreto y determinado perjudicado encarnado por la Hacienda p煤blica鈥, por lo que la acusaci贸n popular estar铆a justificada, a帽ade. Una vez resuelta esta cuesti贸n preliminar, el juicio debe proseguir a partir del 9 de febrero. La infanta, de 50 a帽os y con cuatro hijos fruto de su matrimonio con Urdangarin, es el primer miembro de la familia real espa帽ola en sentarse en un banquillo. Segunda hija del rey em茅rito Juan Carlos I y Sof铆a, Cristina es sospechosa de haber escondido a Hacienda los beneficios procedentes de la malversaci贸n de 6.8 millones de d贸lares聽presuntamente cometida a trav茅s de una fundaci贸n de su esposo, para quien reclaman 19 a帽os y medio de prisi贸n. Cristina, expuesta a una pena de ocho a帽os, sostuvo en todo momento desconocer los negocios de Urdangarin y su asociado al frente del instituto N贸os, que factur贸 contratos millonarios con los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.

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