Esta vez, la Fiscalía Primera Anticorrupción le formuló cargos por peculado, como parte de las investigaciones que se adelantan en los contratos para la compra de granos con sobrecostos.

El otro expediente en el que Torres de Bianchini fue acusada guarda relación con la compra de comida deshidratada.

La Fiscalía Primera también ordenó indagar a otras 31 personas, entre empresarios y exfuncionarios.

En el listado aparecen Adolfo Chichi De Obarrio, secretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli; Roberto Brin, jefe de Compras del Supermercado 99 y primo de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli; y Mario Martinelli, hermano del exgobernante.

La fiscalía inició estas diligencias ayer al citar al comerciante Pablo Ruiz Obregón.

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FISCAL IMPUTA A 32 PERSONAS

La fiscal primera Anticorrupción Tania Sterling, ordenó indagar a 32 personas, entre exfuncionarios y empresarios, supuestamente vinculados con ilícitos en la compra de granos para escuelas de difícil acceso, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el gobierno pasado.

Según la providencia de indagatoria, fechada el 10 de este mes, todas las personas que serán llamadas a rendir descargos fueron formalmente acusadas por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de las diferentes formas de peculado (ver tabla).

En la lista aparecen la excontralora Gioconda Torres de Bianchini, Adolfo Chichi De Obarrio –ex secretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli–, y el exjefe del Departamento de Nutrición del PAN Ángel Famiglietti, entre otros.

El resto de los que tendrán que comparecer ante las fiscalía son comerciantes a quienes se les adjudicó contratos para vender los granos al Ministerio de Educación (Meduca) por más de $4.5 millones.

En este grupo se encuentran Mario Martinelli –hermano del exgobernante–; el jefe de compras del Supermercado 99, Roberto Brin, primo de la ex primera dama Marta Linares Brin de Martinelli y quien organizaba las empresas a las que se les asignaban las contrataciones de los granos.

También se encuentran señalados los comerciantes Aldo Mangravita Fernández–Miranda y Roberto Pérez, este último fuera de Panamá.

Las investigaciones de este caso se iniciaron a partir de una denuncia por supuesto peculado interpuesta por el actual jefe del PAN, Rafael Stanziola, contra su antecesor Rafael Guardia Jaén (2012-2014), quien se declaró confeso del delito y señaló en su indagatoria a otros exfuncionarios y empresarios que se beneficiaron con estas adquisiciones.

NIEGAN RECURSOS

Por otra parte, el Juzgado Decimoquinto Penal negó un incidente de nulidad y otro de controversia presentados por el empresario Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited que obtuvo el contrato por $45 millones para la venta de alimentos deshidratados al PAN.

Rolando Rodríguez Chong, abogado del empresario, pidió la nulidad del proceso con el argumento de que la Fiscalía Segunda Anticorrupción no envió el expediente a la Corte Suprema de Justicia cuando el director del PAN entre 2009 y 2012, Giacomo Tamburrelli, mencionó al expresidente Ricardo Martinelli. En el otro incidente pedía que le admitieran tres pruebas que le fueron negadas por la fiscalía.

CAMBIO DE NOMBRE

Mientras, representantes de distintos sectores del país solicitaron un rol definido y controles para evitar la corrupción en el PAN, luego del anuncio del presidente Juan Carlos Varela de que la entidad pasará a ser una “pequeña” dirección de la Presidencia.

Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, consideró que la propuesta del Ejecutivo es “confusa” y argumentó que “no se entiende el sustento” de la misma, ya que esa institución ha representado “dualidad de funciones con otros ministerios e instituciones”.

Por su lado, Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, citó lo que su organización siempre ha argumentado: “necesitamos reglas del juego que favorezcan la consolidación democrática y buena administración. El PAN no ha estado ni estará en esa hoja de ruta”.

PROYECTO EN ASAMBLEA

El PAN también fue noticia ayer en el Legislativo. Los diputados Jorge Alberto Rosas y Luis Eduardo Quirós, del oficialista partido Panameñista, presentaron un anteproyecto que busca eliminar el PAN.

La iniciativa deroga el Decreto Ejecutivo 690 del 22 de julio de 2010 y el Decreto 6 de enero de 2011, con los que el antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) se transformó en el PAN.

(Con información de Gustavo Aparicio y Rubén Polanco).