Escándalo Financial Pacific Ministerio Público apunta a red en Financial Pacific

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La ley que regula el mercado establece que está prohibido recibir y enviar dinero a terceras partes no identificadas. Financial Pacific, High Spirit y Jal Offshore ignoraron la norma.

Además, el regulador de valores remitió al Ministerio Público copia autenticada del expediente administrativo en el que todos los hechos conducen a determinar que supuestamente había intercambio de información confidencial y privilegiada entre la parentela y los socios de Martinelli para hacerse de ventajosas ganancias económicas en la compra de las acciones.

Según el Ministerio Público, el citado expediente administrativo técnicamente es una tercera denuncia, porque alerta de un posible hecho criminal.

Este fue el mismo documento enviado a la Corte Suprema de Justicia por la SMV para determinar si el expresidente habría incurrido en delitos financieros por supuestas irregularidades en las inversiones efectuadas en las cuentas High Spirit, Jal Offshore, Distribuidora Comar, S.A. y Ricardo Martinelli, inscritas en Financial Pacific.

El exmandatario, los firmantes de las cuentas y sus beneficiarios han podido incurrir en conductas tipificadas en el artículo 249 del Código Penal, en el que se establece que “quien en beneficio propio o de un tercero use o divulgue indebidamente información privilegiada, obtenida por una relación privilegiada, relativa a valores registrados en la Comisión Nacional de Valores o a valores que se negocien en un mercado organizado, de manera que se ocasione un perjuicio, será sancionado con prisión de seis a ocho años”.

La SMV reiteró en sus pesquisas remitidas a la Corte que Martinelli se ubica en una posición privilegiada, toda vez que a partir de su gestión se tomaron medidas que incidieron en la cotización de las acciones de Petaquilla, y también invertía en estas mismas acciones. Tenía un doble propósito.

El pleno de la Corte decidió investigar a Martinelli porque en su calidad de miembro del Parlamento Centroamericano tiene un fuero equiparable al de un diputado de la Asamblea Nacional. Según la Constitución, los diputados son investigados por la máxima corporación de justicia.

En tanto, al Ministerio Público le corresponde adelantar las investigaciones del resto de las sociedades, cuentas y personas mencionadas en las denuncias y en el expediente o nota de carácter administrativo.

Fuentes vinculadas a la Procuraduría General de la Nación confirmaron a este diario los avances en las causas judiciales desde que se recibieron los tres procesos desde el mes de junio.

Se le sigue la pista a todos los datos y se hace una minuciosa trazabilidad del dinero.

La data recopilada incluye detalles transaccionales de, al menos, nueve bancos con operaciones en la plaza. A estas entidades financieras se les ha solicitado información y ya están cooperando.

No se descarta que otros bancos tengan que rendir cuentas, e incluso que las entidades que ya han colaborado vuelvan a ser requeridas por el Ministerio Público.

Se conoció que esta investigación se encuentra en estricto recaudo de la procuradora Kenia Porcell y su despacho. “Las denuncias se quedan directamente en manos de la procuradora por lo delicado del tema”, dijo una fuente.

Una vez se haya terminado con la parte más densa del proceso investigativo, los expedientes pueden ser remitidos a una de las fiscalías Anticorrupción, a la fiscalía del Crimen Organizado o la de Delito Financiero.

Por ahora, según se conoció, el Ministerio Público avanza rápido y con mucha cautela.

Hay hermetismo, principalmente porque prefieren manejar el caso con el más bajo perfil posible, dado lo sensitivo de la investigación, los vínculos de poder que están desenmascarando y la complejidad de las operaciones.

Son tres expedientes, pero todos guardan una intrínseca relación. En el proceso se ha tomado ya la declaración de al menos cuatro personas vinculadas al caso, incluyendo al liquidador de Financial Pacific, como también se ha hecho acopio de información dentro de la etapa investigativa.

El dinero en efectivo, injustificado y aparentemente ilícito que entraba en la cuenta High Spirit, a través de la casa de valores Financial Pacific, encontró un atajo perfecto para salir por la puerta grande.

Por ejemplo, el cuñado de Martinelli, Aaron Ronny Mizrachi, no solo es uno de los beneficiarios de High Spirit. A través de Caribbean Holding Services, vinculada a él, se hicieron depósitos supuestamente irregulares a la cuenta.

Caribbean Holding Services es la sociedad que pagó a la empresa NSO Group por el sistema de escuchas Pegasus, adquirido durante la administración de Martinelli.

Entre las transferencias a High Spirit figura también una procedente de la sociedad Jal Offshore, la cual depositó un millón de dólares en High Spirit y tal como ocurrió con Caribbean Holding Services, la operación tampoco fue identificada como parte relacionada para recibir o transferir fondos.

En los registros de Jal Offshore, con cuenta en Banco Universal (hoy en venta), también están otros movimientos sospechosos.

Felipe Alejandro Pipo Virzi, empresario del llamado círculo cero de Martinelli, depositó 1.5 millón de dólares en esta empresa. Virzi está bajo arresto domiciliario por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción del fallido proyecto de riego de Tonosí.

Jal Offshore, además, recibió depósito de Langton International Holdings, la empresa que captó 25 millones de dólares de Cobranzas del Istmo, la recaudadora de impuestos morosos a través de la que el comerciante Cristóbal Salerno admitió haber pagado “comisiones” a Ricardo Martinelli.

Ayer, se pudo conocer que la SMV sigue descubriendo más cuentas de Financial Pacific en las que preliminarmente ven más de lo mismo: fondos injustificados y presunto lavado de dinero.

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