Entrevista a Dulcidio De La Guardia Gobierno cumplirá límites de déficit

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Entrevista a Dulcidio De La Guardia Gobierno cumplirá límites de déficit

El Ejecutivo intenta recuperar la deteriorada credibilidad en la política fiscal luego de los constantes cambios a los techos de endeudamiento.

 El ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia dijo a este diario que su intención es mantener la Ley de Responsabilidad Social Fiscal sin cambios. Solo se modificaría si hay un acuerdo previo con el FMI. LA PRENSA/Jorge Fernández

El titular de Economía aceptó que los cambios que se hicieron a los límites de déficit fiscal han afectado la capacidad de mejorar la calificación de riesgo e indicó que solo se modificaría la norma si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo que tiene entre sus funciones velar por la estabilidad económica de los países miembros.

Aprobada en 2008, la Ley de Responsabilidad Social Fiscal se creó como una herramienta para contener el gasto público. No obstante, desde su entrada en vigor ha sido modificada por todos los gobierno para adaptarla a sus necesidades de gasto.

De La Guardia dijo que su objetivo es devolver la credibilidad a la política fiscal del Gobierno de Panamá.

Para los próximos años, la ley prevé una reducción gradual del déficit, aunque hay un mecanismo de ajuste que permite elevar el gasto si los aportes del Canal son inferiores al 3.5% del producto interno bruto.

El ministro espera que los ingresos adicionales generados por el Canal ampliado -los aportes para 2017 son de $1,600 millones- ayuden a mantener el nivel de inversión pública sin incurrir en déficits adicionales.

 ‘ECONOMÍA ERA ADICTA A LA DEUDA’

Hace poco más de dos años, cuando se acababa de conocer que sería el ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Juan Carlos Varela, Dulcidio De La Guardia ya presentía en una entrevista con este diario que uno de sus grandes retos sería poner en orden las finanzas públicas. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, recuerda que solo cuando accedió al cargo pudo entender la verdadera magnitud del desafío.

Nadie imaginaba entonces que sobrevendrían la investigación sobre Mossack Fonseca y el caso Waked, con potenciales impactos para el devenir de una economía en desaceleración.

La Prensa conversó con el ministro de Economía sobre los hechos más relevantes de los dos primeros años de gestión y algunos de los desafíos futuros.

Cumpliendo el segundo aniversario el Gobierno, se inaugura la ampliación del Canal. En 2017 los aportes serán mayores a lo previsto recientemente…

En nuestra proyección del marco fiscal habíamos previsto aportes por $1,350 millones para el próximo año. Es muy buena noticia para el Tesoro que el Canal haya presupuestado $1,600 millones. Nos va a ayudar a mantener los niveles de inversión pública sin incurrir en deuda adicional. Esos $250 millones adicionales del Canal vienen a llenar la reducción prevista en el déficit fiscal.

Hace dos años ya preveía que uno de los retos sería ordenar las finanzas públicas…

En ese momento no teníamos claridad de la situación que íbamos a enfrentar en el segundo semestre del año. Nos dimos cuenta cuando tomamos posesión formalmente. En junio de 2014, el déficit andaba sobre el 4% del producto interno bruto (PIB), muy por encima de lo que permite la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) y tuvimos que hacer una contención del gasto, una moratoria fiscal y generamos un superávit fiscal en el segundo semestre para contener un gasto público que venía totalmente fuera de control y le estaba haciendo daño a las finanzas públicas.

De ahí en adelante, le hemos tenido que hacer frente a una cantidad importante de proyectos llave en mano. El 48% de la deuda que hemos contratado desde el 1 de julio de 2014 hasta marzo de 2016 ha sido para pagar proyectos llave en mano.

Ustedes cuestionan los llaves en mano, pero están replicando el modelo…

A diferencia de la administración anterior, nosotros solo estamos recurriendo a los llave en mano en proyectos que tienen un impacto muy grande en la población, proyectos que tienen retorno a muy largo plazo y que son retornos tangibles, en particular las líneas del Metro. Si no utilizamos el esquema de llave en mano, nos quitaría mucho espacio fiscal.

La intención de mi administración es que el próximo gobierno tenga un stock de proyectos llave en mano menor de la que nosotros heredamos, que fueron $4,000 millones.

Fitch Ratings ha dicho que, si se maneja bien, la ampliación del Canal puede servir para mejorar la calificación de riesgo del país…

Lo que ha afectado la calificación de riesgo es el marco institucional. En ese sentido, el Gobierno actual ha hecho un cambio importante en muchas instituciones. Desde el punto de vista fiscal, han afectado los cambios a la LRSF. Para darle credibilidad a la política fiscal, la intención de este ministerio es dejar la ley como está, salvo que tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Con la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y los casos Mossack y Waked, ¿no han estado demasiado tiempo apagando fuegos?

Sí, le hemos dedicado mucho tiempo a temas que son importantes, pero en los que realmente estamos reparando o corrigiendo errores. En 2014, estábamos en la lista gris del GAFI, esto era la amenaza más grande para la economía.

Durante 18 meses, se dedicó tiempo de muchas instituciones de gobierno, de la viceministra de Finanzas, del mío, del sector privado para hacer las reformas y corregir las deficiencias que tenía Panamá. Además, se reestructuró una Unidad de Análisis Financiero que era disfuncional.

Al mismo tiempo, trabajamos en resolver temas pendientes con el Foro Global y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Todavía no tenemos un consenso nacional en estos temas, y hay que poner sobre la mesa los costos de hacer y los costos de no hacer.

Usted viene de una empresa y un sector que defiende hacer la batalla a la OCDE. ¿La posición actual de ministro ha cambiado su parecer?

Es una decisión más pragmática que emocional. Por el lado emocional, Eduardo Morgan tiene razón porque la OCDE y sus miembros dicen: “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”. En particular, el principal miembro de la OCDE. No están implantando en sus legislaciones los cambios que están promoviendo. Esa es una realidad.

Desde el punto de vista pragmático, los costos de quedarnos como estamos son más grandes que los costos de ajustarnos. El G-20 en su reunión del mes de julio va a adoptar unos criterios para señalar de forma conjunta a los países que se consideran no cooperadores en el intercambio de información. Eso es una amenaza importante para nosotros, toda vez que somos un país que exporta servicios.

Han pasado tres meses desde la investigación a Mossack Fonseca y por el momento no ha habido impacto en la deuda, en los depósitos…

La prima de riesgo que pagan los bonos de la República de Panamá no se ha visto afectada en lo más mínimo. Hasta el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa ha aumentado $51 millones. No quiero especular, tenemos que esperar a las cifras del segundo y tercer trimestre para ver si hay algún impacto en la inversión extranjera.

Creo que Panamá ha estado tomando algunas medidas para mitigar ese impacto, como acercarse más a la OCDE, haber adoptado el Estándar de Reporte Común para el intercambio automático y las negociaciones de distintos tratados con varios países.

¿Por qué no se ha firmado aún el acuerdo con Colombia?

El 28 de abril tuvimos una negociación con el ministro Mauricio Cárdenas [ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia]. En este momento, tenemos un solo tema de redacción en el que los equipos técnicos no se ponen de acuerdo. He conversado con el ministro Cárdenas en un par de ocasiones y todavía lo tenemos abierto.

Se negoció un tratado a requerimiento con la posibilidad de hacerlo automático a partir de 2018…

Es correcto. El intercambio automático está condicionado a dos cosas: Primero, que Colombia haya sido revisada por el Foro Global para que pueda intercambiar información de forma automática, que tiene los procesos de seguridad y de confidencialidad de la información; y segundo, que esté en la lista de países con los cuales el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a intercambiar información de forma automática.

En estos dos años, la economía ha crecido, pero a un ritmo inferior. La sensación en la calle es que la economía está lenta…

El viceministro [Iván] Zarak lo planteó muy bien. Si vienes en un carro a 200 kilómetros por hora, pero estás generando todo tipo de infracciones, cuando bajas a 100 kilómetros por hora sientes que el carro anda lento. La realidad es que Panamá va a liderar el crecimiento de América.

Por otro lado, nuestros socios comerciales de América del Sur están en recesión y eso afecta a varios sectores. Pese a eso, la economía local está creciendo a muy buen ritmo, y sin inflación. No es lo mismo crecer 10% con 7% de inflación, que crecer 4% o 5% con cero inflación.

Aun así, los precios están altos. Hay mucha gente que recuerda la promesa de rebajar la canasta básica 58 dólares.

Sí se dio una reducción importante en los costos de la canasta básica. Nuevamente, no hemos visto aumento de precios en los últimos dos años.

Los indicadores oficiales de la Contraloría dicen que no hay, y la Contraloría mide una canasta importante de productos que van desde la escuela, medicamentos, no solo la canasta básica.

Los precios que tenemos hoy en día son heredados de la pasada administración. Teníamos una economía que estaba adicta a la deuda. Creciendo muy rápido, sobrecalentada, que estaba generando crecimiento muy alto, que es bueno, pero también niveles de inflación muy altos.

El programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) requiere reformas que tendrán un costo político. ¿Se va a atrever esta administración a impulsarlas?

La buena noticia es que los resultados de la CSS hasta el mes de abril son mejores que el año pasado. Los ingresos han aumentado un 7.5%, mientras que los gastos han crecido 6.8%.

Pero la realidad es que el sistema de beneficio definido, en el que están todas las personas que tenían en 2006 más de 35 años, no recibe nuevos cotizantes, pero sí más jubilados.

Entonces, la sociedad tiene que ver en un diálogo nacional cómo vamos a enfrentar este problema. El Gobierno está dispuesto a hacer su parte, pero debe haber un diálogo. Al final, es un tema de recursos.

¿Pero lo va a comenzar en este gobierno?

La intención es que inicie el diálogo. El presidente dijo que tan pronto superábamos el reto de la ampliación del Canal, se iba a iniciar el diálogo nacional para presentar al Ejecutivo unas recomendaciones de reformas.

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