La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional avaló el acuerdo extrajudicial en el que el magistrado separado Alejandro Moncada Luna se declara culpable de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos.
Durante la audiencia que se celebra en el Salón Azul de la Asamblea, el imputado dijo que firmó el acuerdo -fechado el 23 de febrero pasado- de manera voluntaria, libre de acuerdo y presiones.
Previamente, su abogado Ramiro Jarvis -que también firmó el acuerdo- advirtió que algunas de las acciones del diputado fiscal Pedro Miguel González podrían ser declaradas «inconstitucionales» por la Corte Suprema de Justicia.
El acuerdo conlleva una pena de 60 meses de prisión e igual periodo de inhabilitación de funciones públicas, así como la devolución de dos apartamentos en Coco del Mar.
Ayer, Jarvis presentó un escrito de Moncada Luna en el que éste desiste del acuerdo extrajudicial. Igualmente, entregó un certificado médico que incapacitó a su cliente hasta el próximo sábado, pero un informe forense practicado la tarde de ayer en el Hospital Santo Tomás probó que el imputado está en condiciones de comparecer.
«Hubo gente mal pensada que concibió que este fiscal y su equipo llegó a un entendimiento inspirado en acuerdos bajo la mesa. Creo que eso quedó disipado con lo que ha ocurrido en las últimas horas… mas bien, en los últimos días», dijo el diputado Pedro Miguel González, investido fiscal de la causa, durante la sustentación del acuerdo pactado.
La aceptación del acuerdo y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación, por lo que Moncada Luna no podrá ser proceso por estos mismos ilícitos en la justicia ordinaria.
EL ACUERDO
González señaló que la pena de 60 meses (5 años) de prisión es un tercio de la suma de las penas máximas que conlleva cada uno de los delitos admitidos por el imputado: 8 años por falsedad ideológica y 12 por enriquecimiento injustificado agravado.
Remarcó que las juezas de garantías no podrán aumentar la pena pactada en el acuerdo, «pero sí pueden disminuirla».
«El tribunal tiene la competencia para hacerlo, tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un derecho punible», señaló.
Si las juezas modifican la pena de prisión y deciden rebajarla, Moncada Luna podría cumplirla en su residencia y no en un centro penitenciario.
González también informó que un informe de la Contraloría General de la República estableció «un diferencial negativo» de 2 millones 94 mil dólares, «con respecto a las capacidades económicas» de Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández, copropietaria de los dos apartamentos cautelados.
«La Contraloría, en su informe, determinó un desbalance en 2 millones 94 mil dólares. Es decir, los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto», indicó.
María del Pilar recibía un salario mensual de $4 mil (sin contar las deducciones) como directora de Planificación y Finanzas del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -coincidentemente- designó a Moncada Luna como magistrado de la CSJ a partir del 1 de enero de 2010, con salario de $10 mil mensual.
Agregó que el valor actual de los dos apartamentos supera «con creces» el desbalance planteado por la Contraloría. El matrimonio desembolsó $1.7 millones por ambos apartamentos.
HABLA LA DEFENSA
Ramiro Jarvis pidió clemencia a las juezas. Dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, «ha sido honorable», tiene padecimientos de salud, ha permanecido cinco meses bajo detención domiciliaria en su apartamento de Coco del Mar y no ha dado muestras «de ser un riesgo para nadie».
Señala que su cliente decidió pactar un acuerdo extrajudicial, porque de celebrarse un juicio en el pleno legislativo «la decisión habría estado en manos de 71 diputados, la decisión habría sido política, creando situaciones de angustia para personas que no tienen relación en los hechos».
En la audiencia también están presentes José María Castillo, Edwin Guardia y Manuel Cedeño, abogados de las sociedades titulares de las cuentas bancarias cauteladas como parte de la investigación. Se trata de 14 cuentas, que totalizan $4.7 millones. Según González, en la investigación se probó que Moncada Luna recibió beneficios de las mismas. La mayoría de estas sociedades obtuvieron contratos con el Órgano Judicial en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió la CSJ.
Los abogados pidieron a las juezas la descautelación de las cuentas. González dijo que no se opone a ello.