Caso de los pinchazos Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, a juicio en marzo

IGNACIO F√ĀBREGA SE DECLARA CULPABLE ANTE JUEZ Martinelli intervino a favor de Financial Pacific desde la Presidencia
08/26/2015
La acriz Lucy Liu anunció que tuvo un hijo vía sustituta gestacional
08/31/2015

El juez Enrique P√©rez fij√≥ para los d√≠as que van del 7 al 18 de marzo de 2016 el juicio a los cuatro implicados en los ‚Äėpinchazos telef√≥nicos‚Äô.

Además, reiteró las órdenes de arresto contra Ronny Rodríguez y William Pittí, quienes se encuentran prófugos.

 Gustavo Pérez y Alejandro Garuz LA PRENSA/Archivo

Así lo determinó el juez decimosexto penal Enrique Pérez, en el documento en el que sustenta por qué los llamó a juicio.

En un fallo con fecha de ayer, viernes 28 de agosto, Pérez manifiesta que la vinculación de los imputados surge de la declaración de testigos y de las evidencias que recolectó la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dejan al descubierto que en las oficinas del CSN se realizaban escuchas telefónicas ilegales.

Citan el relato del testigo 8430145, quien contó que en el edificio 150 del Consejo de Seguridad, en Ancón, existió un equipo de espionaje que era manejado por Ronny Rodríguez [Didier] y William Pittí [Guillermo].

A√Īadi√≥ que Rodr√≠guez era el encargado de suministrar un informe diario de las interceptaciones a la Presidencia de la Rep√ļblica.

No obstante, para la operación de dicho sistema se requería de la instalación de un internet de banda ancha, por lo que Julio Moltó, quien también fue secretario ejecutivo del CSN, solicitó a la Autoridad del Canal de Panamá una autorización para que la empresa Torres Troncales Corp, S.A. instalara un punto de enlace para brindar ese servicio.

La operación fue completada por Garuz. Iris González, directora de Informática del Consejo de Seguridad, a quien cita el fallo, reveló que fue Garuz quien impartió órdenes para que se contratara el servicio de internet de alta velocidad (10 MB) para el funcionamiento del equipo.

Otro de los indicios resaltados por el juez es el hecho de que la fiscal√≠a en una inspecci√≥n ocular en el CSN, recuper√≥ una computadora con m√°s de 600 mensajes del correo electr√≥nico brad.pty507@gmail.com divididos en subcarpetas de los a√Īos 2012, 2013 y 2014 con documentaci√≥n relacionada con las interceptaciones.

Se consigna adem√°s la declaraci√≥n jurada rendida por Jaime Agrazal, quien entr√≥ a laborar en el organismo de inteligencia en el a√Īo 2010. Agrazal declar√≥ que tomaba fotos a las personas que segu√≠a y le hac√≠a un peque√Īo informe a la ‚ÄúProfe‚ÄĚ, quien le pasaba este trabajo a ‚ÄúDidier‚ÄĚ y a ‚ÄúGuillermo‚ÄĚ. Muchas de las fotos, narr√≥, ‚Äúsal√≠an posteriormente en las noticias, peri√≥dicos, y redes sociales, desprestigiando y denigrando la personalidad de las personas que se vigilaban‚ÄĚ.

Hay más. En su fallo, el juez mencionó que recuperaron teléfonos celulares y equipos para el almacenamiento de información (USB) en la residencia de Garuz, ubicada en Dos Mares, corregimiento de Betania. Los mismos, dice el documento obtenido por este medio, contenían archivos de audio y vídeo que luego fueron reconocidos por las víctimas.

Tambi√©n incluy√≥ parte de la indagatoria rendida por Gustavo P√©rez, quien admiti√≥ haber firmado el recibido del equipo adquirido a la empresa NSO Group, pero aleg√≥ haber sido obligado. No identific√≥ a la persona que lo habr√≠a obligado a firmar. Lo que s√≠ dijo es que ‚Äúel documento vino de la Presidencia‚ÄĚ.

En ese sentido, el juez estim√≥ que P√©rez ‚Äúfirm√≥ el documento a sabiendas de su irregularidad‚ÄĚ, lo que sustent√≥, ‚Äúconstituye un grande indicio que lo vincula con el hecho investigado‚ÄĚ.

El fallo tambi√©n expone la declaraci√≥n jurada de un funcionario de la Secci√≥n de Inform√°tica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien detall√≥ que en una inspecci√≥n al correo brad.pty507@gmail.com se encontraron indicaciones sobre c√≥mo infectar textos, mensajes de WhatsApp, llamadas telef√≥nicas, entre otros. Se examin√≥ el contenido de esos correos y los mismos hac√≠an alusi√≥n a ‚Äútoda clase de temas privados, entre ellos agendas partidarias de campa√Īas pol√≠ticas, temas personales de candidatos, estrategias de campa√Īas, conversaciones de WhatsApp, entre otros‚ÄĚ.

Tambi√©n se hace referencia a la declaraci√≥n de Jubilo Antonio Graell, quien narr√≥ que ‚ÄúDidier‚ÄĚ y ‚ÄúGuillermo‚ÄĚ llegaron al CSN en la administraci√≥n del presidente Ricardo Martinelli, y que los mismos manten√≠an una oficina apartada del resto del personal. Una vez llegaron a la entidad asumieron cargos de jefatura e imped√≠an el acceso a otras √°reas de las instalaciones al personal que laboraba all√≠.

MEDIDAS CAUTELARES

En su resoluci√≥n el juez Enrique P√©rez mantuvo la medida cautelar de casa por c√°rcel para Alejandro Garuz y Gustavo P√©rez, decisi√≥n que hab√≠a tomado el pasado 19 de agosto, √ļltimo d√≠a de la audiencia preliminar. Sin embargo, la medida fue apelada y los dos exfuncionarios del gobierno pasado permanecen detenidos en la c√°rcel El Renacer. Gustavo P√©rez, adem√°s, seguir√° en detenci√≥n preventiva debido a una investigaci√≥n penal por la supuesta comisi√≥n del delito de posesi√≥n il√≠cita de armas de fuego.

La decisi√≥n del juez de cambiar la medida cautelar a casa por c√°rcel, ha sido cuestionada por distintos actores de la sociedad civil. El funcionario judicial, desestim√≥ la opini√≥n de la Corte Suprema de Justicia quien al resolver dos h√°beas corpus sobre la detenci√≥n de Garuz y P√©rez, argument√≥ que ‚Äúes ‚Äúabsurdo una interpretaci√≥n que pretenda confinar la detenci√≥n preventiva solo para los casos en que la pena m√≠nima de un delito sea de cuatro a√Īos de prisi√≥n, sin importar si en un caso concreto la libertad del imputado puede conducir a la comisi√≥n de otros delitos graves o a la destrucci√≥n de pruebas (…)‚ÄĚ.

El juez Enrique Pérez también reiteró las órdenes de detención contra Pittí y Rodríguez, quienes se encuentran prófugos.

Se dispuso como fecha de juicio los días del 7 al 18 de marzo de 2016.

El fallo también deja claro que Garuz y Pérez se acogieron a un proceso abreviado.

REACCIONES

Una vez conocido el fallo, varios de los vinculados al proceso reaccionaron a la medida. √Āngel √Ālvarez, abogado de la diputada Zulay Rodr√≠guez y del catedr√°tico Miguel Antonio Bernal, consider√≥ ‚Äújusta‚ÄĚ la decisi√≥n.

A√Īadi√≥ que probar√° que las escuchas telef√≥nicas eran una pr√°ctica cotidiana durante la administraci√≥n Martinelli.

Adem√°s, plante√≥ que en este caso se debe aplicar una sanci√≥n penal superior a los ocho a√Īos de prisi√≥n, ya que a un n√ļmero plural de v√≠ctimas se les viol√≥ los derechos humanos.

Sofanor Espinosa, representante legal de Pitt√≠, tild√≥ de ‚Äúinjusto‚ÄĚ el veredicto del juez y agreg√≥ que en el expediente existen pruebas obtenidas de forma il√≠cita y a base de presiones. Aleg√≥ que en la fase plenaria se presentar√°n pruebas concretas de que su cliente no particip√≥ de los supuestos pinchazos.

En tanto, Roniel Ortiz, abogado de Gustavo P√©rez, tambi√©n estim√≥ que se trata de ‚Äúuna clara manipulaci√≥n de evidencias y testigos para encarcelar tanto a su cliente como a Garuz‚ÄĚ.

Dijo que los correos electrónicos obtenidos de brad.pty507@gmail.com pertenecen a Ismael Pittí, quien laboraba en el Consejo de Seguridad Nacional.

Por su parte, Magaly

Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, calific√≥ como ‚Äúacertada‚ÄĚ la resoluci√≥n del juez, pero consider√≥ necesario modificar la pena por este tipo de delitos. En tanto, Roberto Troncoso, miembro del Comit√© Paname√Īo por los Derechos Humanos, coincidi√≥ con Castillo y consider√≥ que la violaci√≥n de los derechos humanos en este caso ‚Äúes un delito muy grave‚ÄĚ, por lo que recomend√≥ entrar en un an√°lisis para reformar las penas.

En el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli se adquirieron al menos tres equipos de espionaje para violar las comunicaciones de políticos, empresarios, representantes de la sociedad civil, entre otros.

Se acogen al proceso abreviado

Seg√ļn el jurista dominicano John Garrido, el proceso abreviado es: ‚Äúel juicio que se le hace a un imputado en donde se le impone una pena por la comisi√≥n de un hecho de car√°cter penal, prescindiendo de la oralidad, la contradicci√≥n, la publicidad y la producci√≥n de pruebas, previo a la conformidad entre el Ministerio P√ļblico y el imputado‚ÄĚ.

De acuerdo con nuestro C√≥digo Judicial, el proceso abreviado se da cuando el imputado lo solicita con la anuencia del Ministerio P√ļblico y que se hayan evaluado las pruebas por parte del juez, quien debe considerar que existen suficientes evidencias para tomar su decisi√≥n. Al acogerse a este proceso, Garuz y P√©rez tienen derecho a un beneficio de reducci√≥n de las penas que se les impongan si el juez decidiera que son culpables. Este beneficio puede ser de hasta un tercio de la sanci√≥n normal del delito.

De acuerdo con el artículo 2408, el juez tendría hasta 10 días para tomar su decisión, y de tratarse de un caso complejo, podría tomar hasta 30 días para emitir la sentencia, en un proceso normal. Al tratarse de un proceso abreviado, el artículo 2528 y sus modificaciones reducen el término a la mitad, es decir, 5 a 15 días hábiles para emitir la sentencia.

En este caso, el juez ha establecido como fecha para la audiencia, los d√≠as del 7 al 18 de marzo de 2016. Lo que a todas luces es un t√©rmino demasiado extenso para proferir su decisi√≥n. En Panam√° no se puede juzgar en ausencia a una persona, por lo tanto se debe ordenar la conducci√≥n de los se√Īores Ronny Rodr√≠guez y William Pitt√≠. De no estar presentes el d√≠a de la audiencia, el juez podr√° dictar un sobreseimiento temporal para ellos, y emitir una sentencia para los otros dos procesados.

Comments are closed.