Los detenidos eran parte de una red presuntamente dedicada a «supuestas órdenes de libertades que se hicieron efectivas a través de presuntas medidas cautelares o incidentes presentados, a cambio de pagos [coimas]», según una nota de prensa del Órgano Judicial.

Por su parte, la  Procuraduría General de la Nación explicó -también a través de un boletín oficial- que «entre los actos de corrupción investigados se encuentran la negociación de fianzas, retención de boletas de captura, manipulación de fechas de audiencias y sobornos a jurados de conciencia».

La denuncia fue presentada por el magistrado presidente José Ayú Prado, el pasado 24 de agosto. En la investigación participó personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Policía Nacional.

En la diligencia también se captaron documentos que prueban las presuntas conductas delictivas.

Fuentes vinculadas a la investigación han informado que la diligencia estaría vinculada al caso de Hilario Chen Quintana, sindicado por delitos contra el patrimonio. El ponente de este caso es, precisamente, Ayú Prado.

Las mismas fuentes señalan que habría abogados particulares relacionados a la diligencia que ordenó este jueves el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar.

En estos momentos, el acceso al público está restringido. Solo se permite el ingreso de personal del Órgano Judicial.